EL OPERATIVO CÓNDOR Y LOS ENCUBRIDORES PARAGUAYOS DE LOS ASESINOS DE ORLANDO LETELIER

EL OPERATIVO CÓNDOR Y LOS ENCUBRIDORES PARAGUAYOS DE LOS ASESINOS DE ORLANDO LETELIER

(Luis Agüero Wagner)



Según una versión que ha sido desmentida en descargo de los árabes varias veces, tras la toma de Alejandría bajo Amrou en el siglo VII, el saber acumulado en los rollos de su biblioteca fueron quemados por el califa Omar con la consigna de que "si están a favor del Corán están de más, y si están en contra son perniciosos". En todo caso, aquellos papiros habían sufrido muchas agresiones previas menos publicitadas.

Durante la estadía de Julio César en Alejandría, un incendio se llevó buena parte de ella, y más adelante todos sus libros de alquimia fueron arrojados a las llamas por orden del emperador Diocleciano. Una turba de cristianos bajo el mando del patriarca Teófilo se adelantó a los musulmanes en el año 391 d.c. destruyendo parte importante de aquel depósito de reliquias de la civilización que acabó devorado por la hoguera.

Del mismo modo que con la desaparición de la biblioteca de Alejandría se perdieron para siempre aquellas obras del mundo antiguo, muchas de las mejores bibliotecas paraguayas desaparecieron durante la segunda mitad del siglo XX arrebatadas a sus dueños con la excusa del combate al marxismo-leninismo internacional.

Un incansable luchador por la recuperación de la memoria histórica sobre esa etapa, el doctor Martín Almada, dirigió el 13 de febrero pasado una carta al Rector de la Universidad Católica Carlos Alborno, cuya biblioteca fue saqueada por la represión dictatorial, solicitándole que exija la devolución de los libros sustraídos a los responsables del atropello. En setiembre del 2007, semana de la juventud, Almada había sido invitado por el Centro de Estudiantes de Filosofía de esa Universidad para referirse al tema: "LA OPERACIÓN CONDOR. TERRORISMO DE ESTADO EN EDUCACION". En esa oportunidad llevó como prueba del TERRORISMO EN EL AMBITO UNIVERSITARIO en Paraguay el acta de intervención de la Biblioteca del Seminario Mayor que tuvo lugar ante la presencia del Rector, Presbítero Jorge Adolfo Carlos Livieres de fecha 6 de abril de 1976, secuestrándose todos los libros que los personeros de la dictadura consideraban "subversivos

El documento policial con tinte legal reza textualmente que dicho procedimiento: "era a los efectos de levantar un inventario de libros de orientación marxista que retiraran del precitado lugar". Firman el escribano interviniente JUAN JOSE BENITEZ RICKMAN y los ex torturadores Ángel Mario Ali y Victorino Oviedo, comisarios del Departamento de Investigaciones, policía política del régimen dictatorial anticomunista de Alfredo Stroessner.

En el documento se cita la lista de los libros supuestamente marxistas incautados, aunque el desconocimiento del tema en más de una oportunidad llevara a los lacayos del dictador Stroessner a secuestrar textos que desarrollaban temas inconexos con las teorías de Carlos Marx. Recuerda Almada que estando detenido y engrillado en virtud del Plan Cóndor, en una oportunidad vio como secuestraban un libro de ciencia ficción sobre extraterrestres titulado "La invasión marciana" a un simpatizante comunista porque los uniformados creían que marciano y marxista eran la misma cosa. En contrapartida, se permitió a un miembro del partido conservar su libro "La Sagrada Familia" de Carlos Marx y Federico Engels al considerar que por el título de la obra se aludía a un tema religioso.

No hace falta añadir que varios pedidos de Almada similares a éste han caído en muchas oportunidades en saco roto, e incluso le han valido persecuciones legales por parte de sus otrora represores que no ofrecieron nunca a sus víctimas las garantías de las que hoy gozan para presentar demandas y querellas por supuestas difamaciones y calumnias, aunque la mayor parte del andamiaje represivo se mantenga intacto.

Almada que estando detenido y engrillado en virtud del Plan Cóndor, en una oportunidad vio como secuestraban un libro de ciencia ficción sobre extraterrestres titulado "La invasión marciana" a un simpatizante comunista porque los uniformados creían que marciano y marxista eran la misma cosa. En contrapartida, se permitió a un miembro del partido conservar su libro "La Sagrada Familia" de Carlos Marx y Federico Engels al considerar que por el título de la obra se aludía a un tema religioso.

No hace falta añadir que varios pedidos de Almada similares a éste han caído en muchas oportunidades en saco roto, e incluso le han valido persecuciones legales por parte de sus otrora represores que no ofrecieron nunca a sus víctimas las garantías de las que hoy gozan para presentar demandas y querellas por supuestas difamaciones y calumnias, aunque la mayor parte del andamiaje represivo se mantenga intacto, debido sobre todo a la mentalidad de las autoridades, que no han logrado despojarse del todo del acervo autoritario. De los vicios no escapan los opositores aglutinados hoy en torno al obispo Fernando Lugo, la mayoría de los cuales son cómplices de la permanencia de un operativo de la policía política de la dictadura al frente del Supremo Tribunal Electoral, al cual se negaron a remover a cambio de sobornos recibidos del gobierno aunque ello les cueste perder una vez más las elecciones del 20 de abril.

El filósofo alemán Friedrich W. Nietzsche rechazó la invitación de su hermana para visitar el Paraguay, cuando ésta última residía en este país Sudamericano, alegando que le resultaría insoportable la vida en un lugar donde no encontraría una buena biblioteca. Su hermana Elisabeth se había lanzado a su aventura paraguaya con uno de los prohombres del nazismo, el doctor Bernard Forster, quien deseaba crear en Paraguay una colonia de arios puros en un sitio que llamó Nueva Germania. Ante el fracaso de su proyecto se acabó suicidando, pero su memoria sería recogida por el III Reich en sus ilusorias teorías sobre la propia superioridad racial.

La crítica del filósofo ante la carencia de bibliotecas nunca inmutó a las autoridades paraguayas, que poco o nada se interesaron en atraer hacia el país cerebros privilegiados, más bien se abocaron a alejarlos durante todo el siglo XX.

El 4 de noviembre de 1933 el canciller Adolf Hitler recibió en Weimar de manos de Elisabeth Forster Nietzsche (de regreso en Alemania luego de su estadía en Paraguay) un bastón que había pertenecido a su hermano. Elisabeth también le leyó en la oportunidad una carta que su marido, consumado agitador antisemita, había dirigido a Bismarck en 1879 quejándose de la invasión de Alemania por el espíritu judío. Con el bastón de Nietzche en mano, Hitler atravesó la muchedumbre en medio de aclamaciones antes de abandonar la ciudad.

Tal vez la tumba de Forster, enterrado a pocos kilómetros de la capital paraguaya, algo tenga que ver con lo fértil que resultaron las ideas nazis por estos parajes tan pobres en buenas bibliotecas, considerando la perdurable impronta que han dejado en la política paraguaya y la forma en que siguen aprisionando su presente.

ABC color: ¿Patrocinando a la izquierda?

De la misma manera que hoy no podemos salir del asombro al ver a la prensa ultraderechista paraguaya apoyar las supuestas candidaturas de izquierdas en este país, buena parte de los paraguayos quedó sorprendida cuando durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy, el gobierno paraguayo entregó una condecoración a David Rockefeller.
La distinción era inoportuna considerando que todavía vivían muchos paraguayos que participaron de la guerra del Chaco que en la década de 1930 enfrentó a los ejércitos de Bolivia y Paraguay por la posesión del subsuelo de dicha región, entonces disputado por la Shell y la Standard Oil Company, que desató la guerra prometiendo financiación y jugosas ganacias por su apoyo a la aventura bélica al presidente boliviano Daniel Salamanca.
Rockeller había sido invitado por un connotado miembro de la distinguida Sociedad de Las Américas (The Americas Society), "institución sin fines de lucro dedicada a informar a la gente de Estados Unidos sobre las sociedades y culturas del Hemisferio Occidental". En esta sociedad departen entre otros los chilenos Agustín Ewards, Alvaro Saieh, Fernando Léniz, Edgardo Boenninger, el venezolano Eugenio A. Mendoza -de la segunda familia más millonaria de ese país y la tercera continental-, el brasileño José Ermírio de Moraes, de la cuarta familia latinoamericana; la multimillonaria argentina Amalia Lacroze de Fortabat, el estadounidense David Rockefeller, Gustavo Cisneros, entre otros grandes multimillonarios e influyentes políticos del continente.
El anfitrión, el paraguayo Conrado Pappalardo, era entonces un influyente diputado oficialista, antes de bajar el perfil a raíz de las investigaciones que se le abrieron por el asesinato del vice-presidente Luis María Argaña en marzo de 1999. Estamos hablando de la misma persona que, desempeñándose como jefe de Protocolo de la Cancillería de Alfredo Stroessner, en julio de 1976 presionó a George Landau, el embajador de Estados Unidos de la época -invocando "un favor" solicitado a Stroessner por su colega Augusto Pinochet-, para que obtuviera sendas visas en dos pasaportes paraguayos falsos a dos supuestos empresarios cuyos nombres eran Juan William Rose y Alejandro Romeral. El verdadero “negocio” de estos hombres, cuyos verdaderos nombres eran Michael Vernon Townley y Armando Fernández Larios, era asesinar a Orlando Letelier en Washinton el 21 de Septiembre de ese año.
Hoy conocemos de aquella conjura del Plan Cóndor porque el embajador Landau fotografió los pasaportes antes de estampar las visas y ésa fue la clave que le permitió al fiscal Eugene M. Propper desenredar el ovillo del crimen.
La paulatina desclasificación de documentos ha revelado los entretelones de aquella tenebrosa conjura para asesinar al canciller chileno con escalofriante precisión, incluyendo las razones por las cuales los sicarios de Letelier terminaron utilizando documentos chilenos en lugar de los paraguayos, en virtud de información que sólo pudo venir de la inteligencia estadounidense.
Un memo del Departamento de Estado demuestra que éste estaba al tanto de las extrañas maniobras en la sede diplomática de Asunción desde el 1 de septiembre de 1976. Un anexo de un informe de la CIA a su vez demuestra que la oficina de Langley estaba en conocimiento de la trama que acabaría con el ex canciller chileno desde el 29 de julio de 1976, aunque no se explicaba porqué los asesinos incluso tenían el teléfono de la oficina del general Vernon Walters que le había proveído Pappalardo.
La documentación también explica que el 5 de agosto el embajador notificó al Secretario Adjunto de Estado Harry W. Shlaudeman del asunto, y al día siguiente se recibieron en Washington copias fotostáticas de los documentos que había tramitado Pappalardo para los asesinos. Shlaudeman notificó del extraño caso al servicio de Inmigración y se tomaron las medidas para negar la entrada a Estados Unidos a los sospechosos.
Este detalle del pasado de Conrado Pappalardo resuelve el misterio de la encendida defensa a la impunidad de Pinochet que acostumbra hacer el diario ABC Color de la capital paraguaya, como cuando el ex dictador chileno fue detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón. Es que su cuñado el propietario del periódico, Aldo Zucolillo, estuvo a punto entonces de soportar un bochorno familiar con la extradición a Inglaterra de su pariente.
El enigma que sí queda sin resolver corresponde a cómo personajes de esta calaña y con estas vinculaciones pueden estar apoyando la supuesta candidatura izquierdista del obispo Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay, patrocinando a la izquierda, defendiendo a Pinochet y encubriendo a los asesinos de Orlando Letelier.





Vivan Videla, Pinochet, Stroessner, Oviedo y el Obispo



Uno de los pocos periódicos que en el mundo logró hacerse de coraje para defender al ex dictador Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres el 16 de Octubre de 1998 fue el diario ABC Color de la capital paraguaya. Anunciando el infierno para todos, ABC acusaba a la comunidad internacional de hipócrita por permitir semejante afrenta con un paladín de la civilización occidental y cristiana.

En la defensa no sólo pesaban las afinidades ideológicas entre el general chileno y el propietario del medio, Aldo Zucolillo, un personaje conocido por haber prosperado empresarialmente al amparo del dictador Alfredo Stroessner, también había razones familiares. Un cuñado del dueño del rotativo, Conrado Pappalardo, hacía tiempo era conocido por haber participado en la trama de una de las más espectaculares acciones del Operativo Cóndor: el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington.

El cuñado tuvo a su cargo solicitar visas en la embajada norteamericana de Asunción para Townley y Fernández Larios, quienes activaron la bomba que el 21 de Septiembre de 1976 hizo volar en mil pedazos el automóvil en el que viajaban Letelier y su secretaria rumbo a la oficina en la rotonda Sheridan Circle, en el barrio de las embajadas de la capital estadounidense.

Lo que nunca se supo es cómo Pappalardo, quien había invocado a Vernon Walters para sus gestiones, eludió las investigaciones y juicios al respecto. Tal vez por sus altas funciones en la estructura del poder dictatorial y sus vínculos con la poderosa embajada norteamericana de Asunción, o quizás por la alta consideración en que tenían al dueño del diario en las altas esferas de la dictadura, con la que incluso colaboraba con donaciones de dinero para sostenimiento de sus centros de detención y tortura.

ABC color, en su momento tampoco le hizo asco al Proceso de Reorganización Nacional argentino y aplaudió desde sus páginas al mismo Jorge Rafael Videla cuando visitó el Paraguay en 1977. Coincidentemente con la visita, eran secuestrados en Asunción Dora Marta Landi y José Nell, luego desaparecidos en los famosos vuelos de la muerte, tras ser trasladados clandestinamente desde Asunción a la Argentina junto con tres detenidos uruguayos.

Empedernido propagandista de las políticas del imperio norteamericano, la única vez que Zucolillo criticó a las políticas norteamericanas fue cuando Jimmy Carter impulsó su campaña a favor de los derechos humanos, fastidiando a las dictaduras militares que asolaban Latinoamérica.

A otro ejemplar de parecida especie, el general retirado Lino Oviedo, Zucolillo apuntaló con devoción publicitándolo desde las páginas de ABC y ni siquiera renegó de su



simpatía por él en sus horas más negras. Enceguecido por su fanatismo oviedista, llegó a tergiversar información con respecto al asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, cuyo sonado homicidio se le atribuye. En notas fabulosas, ABC color llegó a inventar que el asesinado ya estaba muerto antes del magnicidio y todo fue un montaje preparado para perjudicar a Oviedo, con argumentaciones que parecían burlarse del coeficiente intelectual de sus lectores.

Mientras duró el romance de ABC color con Oviedo, Zucolillo, sus periodistas y su línea editorial fueron blanco de fulminantes críticas desde los sectores que hoy se amparan para promover políticamente al nuevo protegido del zar periodístico paraguayo, el obispo Fernando Lugo.

El nuevo espécimen en esta verdadera galería del terror, hoy candidato a la presidencia del Paraguay por la Alianza patriótica para el cambio, tiene por lo tanto varias interrogantes encima que responder. Una de las más acuciantes dudas que nos asaltan con respecto al respaldo que goza hoy por parte del ultraderechista diario ABC color es: ¿Qué tienen en común Stroessner, Videla, Pinochet, Oviedo y Fernando Lugo?



Desaparecidos pasionales y amigos impunes de Videla


El 26 de abril de 1977 el empresario argentino Fernando Branca llegó como de costumbre al departamento que compartía con su cónyuge cuando al intentar entrar se llevó una sorpresa. Un oficial naval le impedía entrar en su propia casa. Nada más y nada menos que el temible Almirante Massera, alias el Negro, estaba revolcándose con su esposa Marta Rodríguez McCormack (que a la vez era amante del jefe naval) y había dado órdenes de no ser molestado, y mucho menos por el marido de su acompañante.
Dos días después, el 28 de abril de 1977, como para resarcir su descortesía, Massera invitó a Branca a navegar por el río de la Plata en su lujoso yate, travesía durante la cual el empresario se ausentaría para siempre. Tres meses más tarde, la madre del empresario Isolina Margarita Maltaneri de Branca, presentó un recurso de hábeas corpus a favor de su hijo desaparecido, pero para entonces los pundonorosos soldados que enviaron a sus reclutas sin abrigos ni pertrechos a enfrentar a la Royal Navy en las islas Malvinas ya estaban subastando las propiedades del ausente.
Aunque cueste creerlo, los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada argentina llegaron a montar una inmobiliaria para la refacción y venta de los inmuebles de los desaparecidos.
Un epílogo parecido tuvo la historia del capitán José Antonio Valiente, primer marido de Graciela Pappalardo y cuñado de Teófilo Conrado Pappalardo, jefe de Ceremonial del Estado durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y reconocido operativo del Plan Cóndor, como proveedor de pasaportes a los asesinos de Orlando Letelier.
José Antonio Valiente, dueño del desaparecido bar “Felsina”, fue ultimado en nebulosas circunstancias en Buenos Aires, Argentina, poco después del Golpe Militar con el que Videla y Massera derrocaron a Isabel Perón en marzo de 1976. Según documentos obrantes en el Archivo del Terror (Microfilm 00028F0474), el presunto asesino habría sido Juan Carlos Cabañas, ex secretario del Dr Edgar L. Ynsfrán, temible ministro del Interior del dictador Stroessner, en el período de mayor auge de la sangrienta represión.
Algunos familiares hoy aseguran que José Antonio Valiente tuvo una hija de nombre María Adelaida, a quien se le habría cambiado el apellido con el mismo modus operandi de la represión del Proceso de Reorganización Nacional.
El crimen de José Antonio Valiente nunca fue aclarado, las autoridades argentinas en ese momento estaban muy ocupadas perpetrando un genocidio contra su propio pueblo para investigar el asesinato de un paraguayo en la capital federal. Así el empresario gastronómico desapareció sin dejar rastros y sin que su nombre figure siquiera entre los miles de desaparecidos en la Argentina entre 1976-83.
El matrimonio de Graciela Pappalardo con José Antonio Valiente fue anulado por el Juez Angel Roberto Seifart, quien luego sería vice-presidente del Paraguay, así que Graciela Pappalardo no tuvo inconvenientes para contraer nupcias con el empresario periodístico Aldo Alberto Zucolillo Moscarda, director y propietario del diario ABC color y hoy entusiasta impulsor de la candidatura del obispo Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay.
Pero las coincidencias entre el tenebroso “proceso” argentino y sus impunes amigos paraguayos van más allá del paralelismo entre estos hechos, dado que el propietario del medio más influyente de la capital paraguaya se destacó también por su intransigente defensa de las dictaduras de Stroessner, Pinochet y Videla, entre otros subproductos de la política exterior norteamericana.
Al conocerse a principios de marzo en Asunción la próxima visita de Videla, ABC color publicaba su recordado editorial donde criticaba al presidente Jimmy Carter por su énfasis en la promoción de los Derechos Humanos y defendía al proceso argentino sentenciando que al presidente norteamericano le era muy fácil pontificar lejos del problema. Por las mismas fechas eran apresados en Asunción Alejandro José Logoluso y Marta Landi, entregados a los sicarios de Videla por las fuerzas represivas paraguayas. Los grupos de tareas de Pastor Coronel tampoco se apiadarían de José Nell, paralítico desde que recibió una bala en los disturbios desatados en Ezeiza por el retorno de Perón.
Quedaron como mudos testigos de estos traspasos una ficha policial de la Dirección de Registro de Extranjeros paraguayos de la desaparecida argentina Dora Marta Landi Gil, que está fechada en Asunción en marzo de 1977; una tarjeta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Marta Landi, que está registrada en Asunción el 10 de marzo de 1997; y un informe de la policía de Asunción, donde se notifica que Marta Landi (argentina), Alejandro José Logolusso (argentino), José Nell (argentino) y otros han sido expulsados del país. Este informe policial está fechado el 16 de mayo de 1977. Entre los documentos, también destacan un registro de vuelo en el que se acredita que, el 16 de mayo de 1977, el capitán de corbeta José Abdalá, (alias Turco) trasladó a Landi Gil y a su compañero, Alejandro José Logolusso, de Asunción a Buenos Aires.
Luego de las debidas medidas profilácticas y barridas de subversivos, el 20 de abril de 1977, era recibido por Stroessner con los honores correspondientes, el Teniente General Jorge Rafael Videla, quien llegaba al Paraguay acompañado de su esposa Alicia Raquel Hartidge. A la noche se llevó a cabo una recepción de gala en el Palacio de Gobierno de Asunción, donde no faltaron los pundonorosos y austeros luchadores por la libertad de expresión, que aún no habían sido seleccionados por la embajada norteamericana como propagandistas de la democracia tutelada.
Desafortunadamente, el almirante Massera se contaba esa noche entre los invitados del tiranosaurio Stroessner, dado que para esa misma semana había hecho otros compromisos y debía emprender un distendido paseo en yate por el Plata.







El informante del Represor y la patrulla perdida de los montoneros



Del mismo modo en que el general Juan Domingo Perón fue el primero en devolver los trofeos de la ignominiosa guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que intereses extranjeros –sobre todo británicos-, impusieron a los países que hoy integran el MERCOSUR, el Paraguay fue el primer país en entregar al gobierno argentino sus archivos sobre desaparecidos detenidos fuera de su territorio.

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia paraguaya entregaron en los primeros días de Julio de 1996 los legajos a la entonces subsecretaria de Derechos Humanos argentina, Alicia Pierini, que pasaron así a engrosar la voluminosa lista de desaparecidos por el terrorismo de estado que, al igual que la guerra del Paraguay, intereses extranjeros y causas ajenas a la región inspiraron y sufragaron en Sudamérica.
Merced al descubrimiento de los Archivos del Terror por Martín Almada, hoy tengo en mis manos un documento que permite desempolvar la memoria, el verdadero cementerio como la llamaba Rodolfo Walsh, y transportarse en el tiempo a esos años sangrientos en que se moría perseguido, en la oscuridad. Está fechado el 16 de mayo de 1977, y consigna hechos acaecidos a las 16 y 34 horas de ese día.
Se trata de un documento en que el director de política y afines del Departamento de Investigaciones policiales, Alberto Cantero, informa a su Jefe Pastor Coronel que acaban de embarcarse con destino a Buenos Aires en un bi-reactor de la Armada argentina (con matrícula 5-7-30-0653, piloteado por el Capitán de Corbeta José Abdala) el ex montonero paralítico José Nell y los simpatizantes de la juventud peronista Alejandro José Logoluso y Dora Marta Landi Gil. Junto a ellos vuelan sin pasaje de vuelta los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Santana.
Hacía apenas cuatro meses que Walsh, al fuego del verano del 77, había escrito su crítica a la conducción militar del movimiento montonero, advirtiendo que la lucha armada estaba perdida y debía recuperarse el terreno político, donde también avanzaba Videla. Las masas, recordaba, habían dejado de ser un lugar seguro para los soldados peronistas. Habían perdido ese refugio por sus propios errores, la teoría había avanzado demasiado –opinaba el escritor- y galopaba a kilómetros de la realidad.
La acción de la guerrilla era en verdad una invitación a la represión a romper el propio cerco. La fiebre suicida de la rebelión estaba conduciendo al grupo a su propio exterminio.
Pocas semanas después, en el aniversario del golpe de Videla, el escritor plasmaba su recordada carta donde redondeaba la angustia de la conciencia argentina ante aquella vorágine de terror: Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.
Nadie conocía mejor los costos y riesgos que asumía Walsh como él mismo, que antes de ser emboscado por los grupos de la tareas en la esquina bonaerense de San Juan y Entre Ríos, dejó escrito su relato “Juan se iba por el río”. Era la historia de un gaucho que se negaba a combatir en las filas del general Bartolomé Mitre, el mismo que inducido por intereses británicos sumió al Paraguay en la más completa devastación.
Era ese Paraguay devastado el que más de un siglo después devolvía los documentos donde sus represores ratificaban el vasallaje a los imperios que le impusieron los civilizadores de 1870.
Hoy víctimas de la dictadura, ironía paraguaya, elevan su voz de indignación porque un operativo de la policía política de Stroessner ocupa el cargo de Ministro en el supremo Tribunal electoral. Se trata de Juan Manuel Morales, quien presentaba regulares informes al comisario Alberto Cantero, el mismo que aquella tarde gris del mes de mayo entregó aquella patrulla perdida de montoneros a los emisarios de Videla.
No estamos sugiriendo que Morales proveyó a Cantero la información necesaria para la captura de los subversivos peronistas, aunque estuvo cerca. Su especialidad era monitorear e informar sobre las actividades sindicales y el movimiento obrero.
Una burla del destino hoy ha colocado a este represor al frente del proceso electoral, como árbitro de la democracia paraguaya. Pero estas son sólo pequeñas anécdotas sobre las instituciones, como titularon Nito Mestre y Charly García al long-play que sonaba intermitente en la radio en los tiempos del Proceso, las botas locas y Juan Represión.



El Represor inamovible

Juan Manuel Morales es uno de los dinosaurios dotados de endiablada gramática parda para aggiornarse a las diferentes etapas políticas del Paraguay. Como los felinos, siempre logra caer de pie.

Se han alternado en el poder dictadores, militares institucionalistas, narcotraficantes, jefes de estado surgidos de candidaturas fraudulentas, presidentes nombrados por vía judicial, etcétera, pero él sigue figurando en los presupuestos de los sucesivos gobiernos.
Acusado de haber tenido un activo papel en la represión de disidentes a la dictadura del Tiranosaurio Alfredo Stroessner, hoy Morales se presenta como un gran demócrata y amante de los derechos civiles. Y mucho más, es nada más y nada menos que uno de los principales responsables de velar por la transparencia del proceso electoral paraguayo desde sus altas funciones en la Justicia Electoral.
Buscando credibilidad, la intitución bajo su dirección dilapidó sumas siderales de dinero en publicidad y marketing, aunque no pudo evitar las sospechas de reiterados fraudes en las elecciones que organiza, sobre todo ante resultados sumamente sospechosos en comicios donde se aplicó el voto electrónico.
Morales es un caso insólito entre estos casos insólitos. A él rinden pleitesía los más influyentes políticos, desde auto referenciados luchadores contra la dictadura hasta el presidente del Congreso paraguayo Miguel Abdón Saguier, aunque sea bien conocido su papel de informante de uno de los más temibles represores de los años del terror. Hace pocos días este tenebroso sobreviviente de la comparsa antediluviana pudo permitirse ridiculizar al actual presidente del congreso recordándole que tiene a un centenar de lacayos y queridas contratados de favor en el TSJE. No es la primera vez que Morales desafía a un peso pesado de la fauna política, habiendo salido airoso de un sinnúmero de reyertas contra cámaras legislativas y cuerpos colegiados enteros.
El secreto de su inamovilidad está en que maneja estos secretos del presupuesto de la Justicia Electoral paraguaya desde su cargo de Ministro del Supremo Tribunal Electoral, alturas desde donde decide cupos para la clientela de los más encumbrados personajes de la política doméstica.
El sanguinario torturador de quien Morales era subalterno, el comisario Alberto Cantero, es recordado por sus crueles ejecuciones de disidentes, a quienes luego de piletear y picanear con corriente eléctrica, en ocasiones amputaba las manos o colgaba de ganchos clavados en la espalda desde el techo, dejando horrorosas manchas de sangre en las baldosas del departamento de investigaciones. Muchas de las víctimas de este personaje digno de una película de terror, de acuerdo a documentos, fueron entregadas a sus verdugos por Morales, quien hoy juzga actas electorales y cuenta votos para entronizar presidentes, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y concejales paraguayos.
Seguro de su impávido posicionamiento, Morales se burla de sus críticos refrescándoles la memoria sobre cuántas veces pasaron por su oficina a implorar la inclusión de alguna amante, pariente o lacayo en el elefantiásico presupuesto del TSJE que paga el pueblo. Y parafraseando a Carlos Puebla, así piensa seguir, jugando a la democracia, hasta que el pueblo en su desgracia se acabe por morir.
Su principal arma defensiva está en conocer muy bien cuál es el volumen de la clientela prebendaria de quienes hoy buscan traicionarlo, y en tono burlón exhibe sus cartas denominando a la repartija descarada de dinero del pueblo como una “ayuda” que presta a los más encumbrados hombres públicos. La semana pasada se dio el lujo de recordar al presidente del Senado estos “secretos” en público, como velada advertencia a quienes se atrevan a remover el avispero y desenfadado gesto de jactancia de quien se sabe pisando terreno firme.
Quien pretenda alzar su voz contra el informante de Cantero debe tener techo de acero y no de vidrio, de lo contrario ya sabe lo que le espera. Y mientras la víctima propiciatoria se lame las heridas de la pública humillación, Morales ensaya en privado su combinación de letales golpes mientras se presenta el próximo esparring.



Un enigmático manto de silencio envuelve en Paraguay al caso Filártiga, tema que paradójicamente ha tenido derivaciones universales, ya que el antecedente que sentó incluso sirvió para juzgar al dictador Augusto Pinochet en el Reino Unido, además de inspirar la producción cinematográfica “One man´s War” en Hollywood. El mutismo se da sobre todo en el mundillo de quienes hoy se jactan haber sido grandes luchadores contra Stroessner, cuando en verdad se tomaron bastante tiempo para descubrir que dicho gobierno era una sanguinaria dictadura militar, si es que no lo hicieron recién en la espléndida mañana del 3 de febrero de 1989.

La guerra de un solo hombre

Durante la dictadura del Tiranosaurio Stroessner, caer en desgracia con el círculo áulico equivalía al ostracismo del mundo antiguo. El temible general descendiente de bávaros gozaba en sus buenos tiempos de un absoluto respaldo en el plano internacional, particularmente del gobierno norteamericano. Como derivación de la guerra fría, Stroessner había contado con el visto bueno del mismo presidente norteamericano Lyndon Jonson, para imponer su vitaliciado. Anteriormente había recibido el contundente espaldarazo de Eisenhower, como luego sería apoyado por Nixon.
En este contexto externo e interno, el doctor Filártiga tentó a ciegas buscando justicia para su hijo Joelito, cuya muerte en torturas apareció en titulares de la prensa adicta al régimen como crimen pasional.Los tribunales eran manejados por el poder político en forma descarada, por lo cual no se podía esperar gran cosa.
La dictadura militar, se entendía entonces, era subproducto de un orden mundial que la justificaba plenamente de acuerdo a la concepción de la realidad que tenían los dueños de la situación.
Parecía no haber lugar para la justicia, era ilusorio pedir que se permita descansar a una familia que había perdido cruelmente a uno de sus miembros. De pronto, una luz brilló al final del túnel.


NUEVOS AIRES SOPLAN DESDE WASHINGTON. En fechas cercanas al fin de la interminable dictadura de Stroessner, el ex agente de la CIA y colaborador de John Maisto en la captura y asesinato del Che Guevara en Bolivia, luego empleado del narcotraficante Andrés Rodríguez, el embajador Timothy Towell, escribió una carta donde explicaba el objetivo de una visita que había realizado tiempo antes el presidente de la NED Carl Gershman al Paraguay. Los Estados Unidos, concientes de que parte de su prestigio se había perdido al dar su apoyo por mucho tiempo a las dictaduras anticomunistas, intentaban recuperar su buena imagen apoyando a disidentes.
Considerando inminente el fin de Stroessner, el imperio norteamericano se movilizó para impedir que sus adversarios tomen las riendas a su caída, para lo cual se apresuró a ganar para la causa del continuismo de la dominación imperialista a los disidentes con una muy buena remuneración. Entre estos disidentes a sueldo se contaron varios personajes que habían sido previamente leales servidores del dictador, como Edgar L. Ynsfrán, Aldo Zucolillo, Humberto Rubín y tantos otros.
Así, estos incondicionales y fieles servidores del dictador se convirtieron intempestivamente en luchadores contra el régimen, aunque algunos nunca hayan reconocido su cobardía al defender la versión oficial en el caso Filártiga, optando por callar o tergiversar el tema hasta hoy.
Los fructíferos vínculos entre disidentes y Washington se tradujeron en protección y fuertes sumas en dólares que empezaron a fluir hacia Asunción, donde operaba para la CIA desde 1979 el nicaragüense-norteamericano Agustín Torres Lazo, en una oficina de inteligencia que se ocultaba bajo la falsa fachada de “Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre”, en la Calle Montevideo nº 822.
Apoyados financieramente por la embajada norteamericana en Asunción, y protegidos por el gobierno de Washington, estos esbirros y propagandistas del dictador tomaron coraje suficiente para enfrentar al paternal protector gracias al cual habían prosperado empresarialmente.
A partir de la administración Carter, este cambio de actitud del poderoso gobierno del norte, al tomar conciencia que su prestigio se hallaba comprometido con las dictaduras anticomunistas del Cono Sur, produjo un giro en la política internacional que iría a beneficiar a muchos damnificados por el régimen autoritario. Entre ellos se encontraba la familia Filártiga.
LOS JUICIOS TORCIDOS SE ENDEREZAN
Localizado en Nueva York, uno de los principales autores materiales del asesinato de Joelito, fue llevado a la justicia tras ser capturado con ayuda del FBI. La dictadura no escatimó recursos para encubrir al represor, y envió en su defensa al afamado abogado José Emilio Gorostiaga.
La demanda fue entablada por el doctor Joel Filartiga y su hija Dolly Filartiga en contra del inspector general de la policía de Paraguay, Américo Norberto Peña Irala, por la tortura y muerte que dicha autoridad infligió sobre Joelito Filartiga, en la Corte norteamericana. El Centro por los Derechos Constitucionales de Nueva York participó decisivamente para obtener atención de la justicia, y fue decisiva la amistad del prestigioso intelectual Richard Alan White, con quien la familia afectada había entablado entrañable amistad durante su paso por Paraguay.
El Juez Nickerson, que atendió el caso, resolvió que la conducta en cuestión violaba reglas universales de derecho internacional. Para llegar a la conclusión de que la tortura estaba prohibida por costumbre internacional, se basó en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como evidencia de que dicha prohibición legal existía en el sistema jurídico internacional.
Además, los Filartiga ofrecieron affidavits de una serie de distinguidos estudiosos del derecho internacional, quienes unánimemente afirmaron que con base en lo anterior, el "derecho de las naciones" prohíbe terminantemente el uso de la tortura. Con base en lo mencionado, se ha calificado a quien tortura como un hostis humani generis (un enemigo de la humanidad), como lo fueron en su momento los piratas y los traficantes de esclavos.
De esta manera sucedería lo imprevisible: lo que se presentó como un crimen pasional por la dictadura y su prensa adicta, acabaría en un legado universal y duradero para la justicia. Una parte del tiempo incontable de la eternidad se había esfumado para siempre, aunque ahora la guerra se libre contra un enemigo mucho más obstinado: el silencio.





Sobre Herederos y Cómplices del Terror

El descubrimiento de los archivos del terror en Paraguay por Martín Almada a fines de 1992 permitió acceder a los documentos necesarios para refutar la versión oficial sobre varios casos. Los papeles desmentían en forma incontrastable la motivación pasional del asesinato de Joelito Filártiga, acaecido el 30 de marzo de 1976.

Sin embargo, el más internacionalmente célebre de los trágicos crímenes políticos acaecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, no mereció la más mínima rectificación de una prensa que por décadas había publicitado al dictador y que sólo cambió de línea cuando agencias norteamericanas hicieron una mejor oferta por sus servicios.
En los archivos del Terror no se encontraban rastros de una seria y profunda investigación del caso Filártiga, pero sí una versión del presunto asesino sobre los hechos.
En los documentos el supuesto autor del hecho, Derlis Hugo Duarte Arredondo aseguraba que al ingresar a su residencia al regreso de su trabajo encontró intimando a su esposa con el joven Filártiga, a quien sin mediar discusión atacó a golpes antes de quedar envueltos en una lucha cuerpo a cuerpo. En medio de la brega, según la versión, Derlis se había apoderado de un cuchillo y le traspasó con el arma blanca el pecho hasta que su antagonista cayó desvanecido. Enceguecido por la furia, Duarte testimonió que siguió aplicando puñaladas y golpeando con un velador al cuerpo inerte de su víctima.
Duarte Arredondo contaba con suficientes argumentos para eludir su responsabilidad ante la justicia, dado que era ahijado del ministro Saúl González, encargado de la cartera de Justicia y Trabajo del dictador Stroessner. Su hijo Luis Angel Gonzalez Macchi sería años más tarde presidente provisional del Paraguay, y el caso se reeditaría con un kafkiano juicio por difamación y calumnia entablado por el asesino confeso contra el padre de su víctima.

LA OTRA HISTORIA En realidad, Joelito había sido secuestrado de su domicilio por operativos de la Comisaría Primera, y llevado hasta dependencias policiales para ser interrogado. El joven en realidad llevaba cierto tiempo activando en la OPM, un grupo radicalizado de oposición a Stroessner.
El número y cariz de las heridas en el cuerpo de la víctima revelaban que había sido sometida a tormento en busca de alguna información sobre dicha nucleación, que pronto sería desbaratada con el apresamiento del estudiante Carlos Brañas y la localización de Juan Carlos Da Costa y Mario Schaerer Prono.
Durante los interrogatorios a los activistas de la OPM destelló como delator y colaborador de los torturadores Diego Abente, luego Ministro de Justicia del gobierno del presidente provisional Luis Angel Gonzalez Macchi.

LOS MISTERIOS SE RESUELVEN. El apresamiento en Brooklyn de uno de los autores materiales del asesinato de Joelito, en abril de 1979, facilitó la investigación que había iniciado la familia con la ayuda de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y la prensa extranjera. Se trataba de un comisario abrumado por la conciencia, Américo Peña, que había huido del escándalo judicial y trabajaba como lustrador de muebles en Nueva York.
Un documento dirigido a Pastor Coronel fechado el 22 de agosto de 1979 y firmado por el Comisario Eusebio Torres Romero, daba cuenta que el afamado abogado José Emilio Gorostiaga había corrido con las gestiones de la Defensa de Américo Peña, junto a los abogados estadounidenses Murry Brochin y Robert Rebollo, quienes habían sido emplazados para presentar sus alegatos antes del día 25. Los honorarios abonados a los defensores norteamericanos por tales trámites alcanzaban la suma de quince mil dólares, exorbitante por defender a un indocumentado que sobrevivía a duras penas en la gran manzana.
El detalle sólo es un indicador más del carácter político que había rodeado aquel homicidio presentado como pasional. Evidencia en este sentido el interés que tenía el gobierno de Stroessner en evitar que un torturador que haya prestado servicios a su régimen pueda ser condenado en un tribunal extranjero, antecedente que podía resultar incómodo a muchos de sus leales servidores. En otro documento dirigido por Alberto Cantero a Pastor Coronel el 20 de Octubre de 1984, se percibe la preocupación de la policía política ante un viaje de Filártiga a Pennsylvania, Texas y California, donde sus denuncias resultaban sumamente perjudiciales para un gobierno que basaba su hegemonía en el respaldo del imperio norteamericano. Todas estas pesquisas evidenciaban que el interés en la familia Filártiga iba más allá de lo pasional.

JUICIO AL PASADO. Decía un pensador que nada mejor para pervertir la política que falsificar el pasado, un vicio muy común en nuestro medio donde tantos buscan engañar a tantos todo el tiempo. Y la capacidad de autocrítica no es precisamente una de las virtudes destellantes en ambientes plagados de estas impurezas.
Los cobardes propietarios de los medios que se negaron a relatar la verdadera historia por temor a perder los privilegios que gozaban de su cercanía al dictador Stroessner: Aldo Zucolillo, el propietario del diario ultraderechista ABC color que luego terminaría expulsado del círculo áulico y se convertiría en un “tenaz luchador” contra la dictadura en los últimos meses de ésta, el ex animador de los cumpleaños de Stroessner Humberto Rubín, y tantos otros, hoy gozan de un fabricado “prestigio” que pueden darse el lujo de auto adjudicarse por el monopolio que ejercen sobre lo que en Paraguay se puede decir. Uno de los principales colaboradores del comisario Alberto Cantero, el mismo que vigilaba al doctor Filártiga e informaba de sus viajes al temible jefe de la policía política Pastor Coronel, hoy se encuentra al frente del Supremo Tribunal Electoral del Paraguay merced a la complicidad de los venales opositores que hoy se agrupan con rampante hipocresía en torno al obispo Fernando Lugo.
El caso Filártiga, cuya verdadera historia quedó en Paraguay sin ser debidamente relatada, dejó a pesar de todo varias moralejas. La sentencia del Juez Nickerson que obligaba al estado a pagar una indemnización de diez millones de dólares a la familia afectada, hizo más que sentar un precedente de aplicación universal. También rompió el silencio dentro una tranquilidad que tenía mucho de la paz de los cementerios. Más allá de todo eso, ratificó que entre el pasado y el presente la filiación es tan estrecha, que al juzgar el pasado nos ocupamos también de nuestro presente. Si así no lo fuera, ejercitar la memoria no tendría sentido.