El Partido de los Trabajadores emitió un pronunciamiento sobre la militarización dispuesta por el presidente Fernando Lugo y responsabilizándolo de la persecución, allanamientos, apresamientos ilegales, torturas, violación de derechos humanos y muertes.
Dice el Pronunciamiento:
MILITARIZACIÓN, TORTURA Y MUERTE: LUGO ES EL RESPONSABLE
Persecución, allanamientos, apresamientos ilegales, torturas, violación de derechos humanos, muerte. Es la situación que se vive en el norte del país tras la militarización dispuesta por el presidente Fernando Lugo. Los habitantes de San Pedro, Concepción y Amambay están sufriendo en carne propia lo que significa el compromiso del gobierno de Lugo-PLRA con la defensa de la propiedad privada de los sojeros, de los ganaderos, de las trasnacionales.
“Vamos a ser duros con la aplicación de la ley en defensa de la propiedad privada y en defensa de las inversiones”, expresó en varias ocasiones Lugo desde que asumió. Lo mismo repite su Ministro del Interior, el “progresista” Rafael Filizzola. Ambos cumplen a rajatabla su promesa hecha a los ricos y dueños de este país. Ambos incumplen a rajatabla todas y cada una de las promesas hechas al pueblo trabajador que creyó que con ellos llegaba el cambio verdadero.
El EPP y el pretexto perfecto
Cuando toda la burguesía estaba exigiendo la militarización del campo, sucede el asalto a un pequeño puesto militar en Tacuatî, cuya autoría se atribuyó el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Con la excusa de perseguir a este grupo foquista y “dar seguridad a la población”, según el ministro Filizzola, se desató la represión.
Fernando Lugo, en su calidad de Comandante en Jefe de las FFAA de la Nación, ordenó al comandante de las Fuerzas Militares Cíbar Benítez y al comandante de la Policía Nacional Viviano Machado, ocupar militarmente el norte. De hecho, el operativo es el mayor desde el que dispuso Stroessner tras el asesinato del dictador nicaragüense Somoza en 1980.
El sábado 10 de enero, se trasladaron a la zona más de 1.000 efectivos militares y policiales, entre ellos tropas especiales, 15 patrulleras, 8 caballos de la montada, 29 vehículos de transporte pesado, 125 camionetas del Destacamento de Operaciones Ligeras (DOL), tres helicópteros artillados, dos avionetas, una repetidora para equipos de comunicación, tres ambulancias, cuatro médicos, un juez, tres fiscales y una banda de músicos.
¡Y una banda de músicos! Nos recuerda a la dictadura de la trilogía Stroessner-Partido Colorado-Fuerzas Armadas, cuando en dependencias policiales y militares se torturaba con música a todo volumen.
Torturas y asesinato
Y así fue. Para el lunes 12 de enero se tuvo el primer muerto en la Colonia Hugua Ñandú, de Concepción: Martín Ocampos Páez, director de la Radio Comunitaria Hugua Ñandú FM, que funciona en una escuela construida por la comunidad. Martín Ocampos también era miembro del Comité de Productores en formación de esa localidad.
Inmediatamente después sobrevino la serie de denuncias de torturas a los campesinos detenidos, según relato de las víctimas que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) a través de su equipo jurídico. Miembros de comunidades cercanas también denuncian extrema violencia policial-militar-fiscal en las intervenciones que se siguen desarrollando en estos momentos.
Hasta el Obispo de Concepción Zacarías Ortiz y médicos independientes denunciaron que los detenidos por militares, policías y fiscales fueron torturados brutalmente, siendo desgarradores los relatos.
En otra región, la misma represión: Otro campesino asesinado
El domingo 11 de enero también fue ejecutado Juan Ramón González, dirigente campesino de Itakyry. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que están en la zona protegiendo la propiedad privada de los sojeros, asesinaron a otro dirigente campesino, el tercero desde que asumió el gobierno de Lugo-PLRA,
Pero la Fiscalía no investigará el asesinato sino que “investigará a las personas cuyos nombres figuran en un cuaderno secuestrado durante la intervención de uno de los campamentos”, según afirmó el fiscal Angel Aveiro. Entre los nombres conocidos se encuentra el dirigente campesino y del PT, el compañero Tomás Zayas, con quien desde ya nos solidarizamos plenamente ante la represión que pueda sufrir con las excusas más delirantes.“Lucha contra la delincuencia”
El ministro Filizzola sostiene una y otra vez que no hay tal militarización ni tortura ni guerrilleros y que “la lucha es contra la delincuencia”. Sin embargo, si la lucha fuera “contra la delincuencia”, el gobierno debería investigar el narcotráfico y las bandas que imperan en la zona y quiénes son los que, desde el Estado, le dan el soporte y la cobertura para que sigan operando. Esa sería una verdadera “lucha contra la delincuencia”.
Lugo apoya todas las acciones realizadas
Pese a todas las denuncias realizadas y a las pruebas presentadas, el gobierno niega los atropellos cometidos por militares, policías y fiscales. Tal es así que el presidente Lugo visitó el sábado 17 de enero a jefes de la Policía Nacional “para expresar su apoyo a la unidad que se encuentra implementando un gran dispositivo para luchar contra la delincuencia en el departamento de San Pedro”, dice el informe periodístico del diario ABC Color.
Ante estos hechos que la realidad nos enrostra,
El Partido de los Trabajadores:
1.- Expresa su repudio a la militarización dispuesta por el gobierno de Lugo-PLRA en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. Esta militarización responde a las necesidades de atemorizar a la población y reprimir a las organizaciones campesinas que reclaman reforma agraria para una vida digna.
2.- Manifiesta su condena a la represión gubernamental. La militarización, en realidad, no es para ubicar a los miembros del EPP, es la perfecta excusa para que el gobierno pueda cumplir con el persistente reclamo de los sectores latifundistas: el control directo de la lucha por la tierra en San Pedro mediante la militarización, la tortura y la muerte.
3.- Manifiesta, asimismo, su total y plena solidaridad con los familiares y compañeros de los dirigentes campesinos asesinados, torturados, perseguidos y reprimidos.
4.- Responsabiliza directamente al presidente Fernando Lugo de los apresamientos ilegales, de las torturas y los asesinatos, y en forma indirecta a los ministros del Interior y de Defensa, Rafael Filizzola y Luis Spaini respectivamente, así como al Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla.
5.- Exige una amplia y profunda investigación de los hechos de represión y asesinato así como el juicio y castigo ejemplar a los represores, torturadores y asesinos y se suma a la petición de la constitución de una Comisión Investigadora formada por organizaciones nacionales de probada trayectoria en Derechos Humanos y de lucha contra la tortura.
6.- Denuncia al gobierno de Lugo-PLRA por dar continuidad a la política de represión y criminalización de las luchas y luchadores sociales, iniciada por los gobiernos colorados anteriores. La intensificación de la represión y la criminalización se manifiesta en el record en desalojos, asesinatos de dirigentes campesinos, heridos de bala entre los Sin Techo, represión a los indígenas, y a Lugo/Filizzola ejecutando verdaderas acciones de guerra contra los pobres y miserables de nuestra tierra.
7- Constata una vez más que la violencia del gobierno de Lugo-PLRA contra las luchas sociales desnuda que no existe ninguna contradicción esencial entre su proyecto y el de los sectores más recalcitrantes de la clase dominante. Todos los partidos parlamentarios, desde el UNACE, Patria Querida y gremios sojeros saludaron la decisión de Lugo de militarizar la zona. Esto demuestra que, cuando de reprimir las luchas populares se trata, tanto el gobierno de Lugo como la oposición burguesa están plenamente de acuerdo.
8.- Reafirma que el de Lugo-PLRA es un gobierno burgués, conservador, neoliberal y represor que presenta ofrendas de dolor y sangre de los pobres, al altar de la burguesía, para ganarse su confianza. Exigimos al gobierno el inmediato retiro de todos los efectivos militares, policiales y fiscales de la zona.
9.- Lamenta que, a pesar de los categóricos hechos de la realidad, un gran sector de la izquierda sigue apoyando a este gobierno, algunos ya están en el aparato del Estado y otros, esperando en la ilusión de “rescatarlo hacia la izquierda”.
10.- Insta a todas las organizaciones sociales y políticas de izquierda a que rompan con el gobierno de Lugo/PLRA, a construir alternativas políticas y organizar juntos las luchas y a coordinar y unificar las movilizaciones del pueblo trabajador en el marco de la absoluta independencia política del gobierno de Lugo.
11.- Llama a construir un tercer espacio, un espacio clasista, de izquierda y socialista que defienda los intereses de los trabajadores, el campesinado y el pueblo pobre, de manera independiente, tanto del gobierno de Lugo-PLRA como de la oposición de derecha. Si no queremos avanzar hacia mayores penurias y derrotas del movimiento obrero, campesino y popular, debemos, al calor de las luchas por una vida digna, ir construyendo una alternativa socialista que ataque de raíz la explotación y opresión de nuestro pueblo.
Comité Ejecutivo – Partido de los Trabajadores – PT
20 de enero de 2009
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nota: La totalidad los integrantes del gabinete del obispo Fernando Lugo provienen del sector de las ONGs financiadas por la embajada norteamericana. Se cuentan entre ellos a Gloria Rubín (referente en Paraguay del NED y la CIA), Camilo Soares (beneficiario de fondos de IAF y NED, favorecido del gobierno de George W. Bush) Rafael Filizzola (signatario de acuerdos con Alvaro Uribe a instancias de la ex operadora del plan Colombia Liliana Ayalde), Karina Rodríguez (de la Casa de la Juventud, que recibió 127 mil dólares de la Inter American Foundation), Liz Torres (referente de las logias de ONGs dependientes de la embajada norteamericana), Esperanza Martínez (del movimiento Tekojojá, financiado por USAID, hoy envuelto en escándalo por corrupción), Canciller Hamed Franco (del Pmas, un movimiento financiado por James Cason), el Vice-canciller Jorge Lara Castro (recibe dólares de la embajada a través de la ONG fantasma Alter Vida), Ministro de Defensa General Bareiro Spaini (hombre de la embajada norteamericana, educado en las escuelas de golpistas de Estados Unidos) o el ministro de Hacienda Dionisio Borda, antiguo responsable de las finanzas de los gobiernos corruptos y agente de la embajada norteamericana y del FMI.
En Septiembre del 2008 el presidente Lugo y su ministro del Interior visitaron Colombia y firmaron acuerdos de “cooperación” con Alvaro Uribe, sentando las bases para importar el Plan Colombia a Paraguay.
Relacionados:
http://correosemanal.blogspot.com/2008/07/paraguay-una-operacin-encubierta-de-la.html
http://f17digital2.blogspot.com/2009/01/la-derecha-duea-del-paraguay.html
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